En el papelito que por cada sufragio imprimieron las máquinas de votación electrónica en el referendo presidencial venezolano reside la principal debilidad de las denuncias de fraude, rechazadas hasta ahora por el organismo electoral y los observadores internacionales.
Ese comprobante impreso del voto es la reivindicación principal de los grupos que temen se cometa un fraude electrónico en las próximas elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos.
Cerca de un tercio de los votos (estadounidenses), 36 millones, serán tabulados completamente dentro de los nuevos sistemas de votación de registro electrónico directo, en los cuales se sufraga directamente tocando la pantalla, en los que no hay un registro de papel, sostuvo en la revista The Nation el periodista y escritor Ronnie Dugger.
Estos registros, sostienen Dugger y muchos analistas del voto electrónico, son vulnerables a la manipulación por parte de los programadores de las empresas proveedoras, que por razones de secreto industrial se niegan a compartir los códigos del software (programa informático) empleado.
Para evitar fraudes, Bruce Schneier, experto estadounidense en sistemas de seguridad en Internet, recomienda la adopción de una máquina computarizada de votación al estilo de los cajeros automáticos, pero que también imprima un voto de papel.
Así, los votantes revisan el papel para cerciorarse y luego lo depositan en una caja sellada de sufragios, agregó.
Esto es exactamente lo que se hizo en el referendo del 15 de agosto sobre el mandato presidencial en Venezuela, y una de las razones principales por las cuales los observadores electorales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del Centro Carter para la Paz (que dirige el ex presidente estadounidense Jimmy Carter) rechazaron las denuncias de fraude.
La otra razón fue que los observadores realizaron sus propios conteos rápidos de votos el día comicial, que arrojaron resultados similares a los del escrutinio oficial, según el cual la opción por la permanencia del presidente Hugo Chávez en su cargo obtuvo casi 20 puntos porcentuales más que la de revocar su mandato.
Este lunes, la oposición venezolana matizó su denuncia de fraude. El sábado, una auditoría suplementaria del Centro Carter sobre el sistema de votación había descartado la prueba clave de la denuncia: planillas de votos en que la opción del Sí (a la revocación) aparecía con cantidades idénticas de votos en varias máquinas.
El Centro Carter informó que había encontrado en 402 mesas dos o tres máquinas con votos idénticos por el Sí, y en 311 mesas dos o tres máquinas con votos idénticos por el No, que sometió a consideración de expertos estadísticos fuera de Venezuela.
La conclusión de los expertos, dijo el Centro, fue que tales coincidencias son matemáticamente posibles, y que el hecho de que afectan a ambas partes por igual demuestra que no se trata de un patrón de fraude, sino de una calidad aleatoria.
La oposición había sostenido desde la publicación de los informes oficiales, el lunes 16 en la madrugada, que se había producido un genial fraude electrónico que logró burlar a los expertos de la oposición y de las misiones de observación internacionales.
Las presuntas pruebas fueron inicialmente exhibidas por Juan José Rendón, un consultor político venezolano residente en México, quien se describe a sí mismo como experto en rumorología y propaganda, temas en los que habría asesorado en el pasado a los ex presidentes Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera y a cinco ministros de Defensa de este país.
En 2001, cuando Rendón era estratega electoral del mexicano y gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla, fue acusado de orquestar una guerra sucia propagandística contra los candidatos opositores, pertenecientes al actual partido de gobierno de ese país, según informó el diario mexicano La Jornada.
Rendón exhibió ante la prensa venezolana tres actas de votos del sudoriental estado Bolívar, en que la opción Sí aparecía con cantidad de votos idéntica, lo que en su opinión probaba la manipulación del software del sistema de votación para fijar un tope máximo de votos opositores.
Pero esta teoría quedó desacreditada cuando se reveló que el papel impreso que acompañó a cada sufragio emitido electrónicamente, y que cada votante depositó en una caja sellada, tiene un código binario de 32 caracteres, creado en el momento del voto y que es irrepetible.
Frente a las venideras elecciones de gobernadores y alcaldes, la oposición demanda nuevamente el voto tradicional, mediante una cruz en una hoja de papel, por considerarlo más seguro, pese a que en los distritos con votos manuales, y que comprenden a un millón de electores, el No de Chávez obtuvo una ventaja mayor, de 40 puntos porcentuales.
Expertos de la organización estadounidense VerifiedVoting.org (Voto Verificado), señalan que el sufragio en papel tiene la ventaja de que ser más conocido por los electores de ese país.
Las papeletas generadas por computador pueden ser considerablemente mejores que las tradicionales de papel, porque se pueden agregar barras de códigos y criptografía para asegurar que fueron producidas en el momento de la votación, agrega VerifiedVoting.org.
Eso fue lo que ocurrió en la votación del 15 de agosto en Venezuela, y que motivó aprobación de los observadores de la OEA y del Centro Carter, hasta entonces considerados aliados implícitos de la oposición.
Este lunes, la organización civil Súmate, brazo técnico de la alianza opositora Coordinadora Democrática, se sumó a la tendencia que atribuye el fraude a una vasta operación geopolítica y tecnológica gubernamental iniciada hace un año, cuando la oposición comenzó su esfuerzo para convocar el referendo revocatorio del mandato presidencial, previsto en la Constitución de 1999.
La investigación para probarlo, advirtieron portavoces de Súmate, durará un tiempo indeterminado, de manera que recomendaron a los seguidores de la oposición que miren hacia adelante en lugar de quedar paralizados por el debate del fraude.
Según versiones opositoras, en su estrategia electoral Caracas habría gastado millones de dólares en contratos con empresas estadounidenses especializadas en opinión pública, en contactos con transnacionales petroleras y en cabildeos con la administración del presidente George W. Bush, en los que habría participado el propio ex presidente Carter (1977-1981).
La teoría de la conspiración ahora defendida por la Coordinadora Democrática y la televisión privada opositora, es que la retórica antiimperialista de Chávez esconde acuerdos secretos destinados a favorecer a las transnacionales petroleras.
El énfasis de Chávez en la estabilidad del mercado petrolero, los contratos de inversión firmados en los últimos meses con las empresas estadounidenses Texaco y ExxonMobil y con la británica-holandesa Shell, así como la rápida aceptación de los resultados tanto por el Centro Carter y la OEA como por Washington, serían las pruebas adicionales de la conspiración.
Entre los blancos principales de la nueva ola acusadora aparece la pequeña firma Smartmatic, con sede en Boca Ratón (en el meridional estado estadounidense de Florida) y dirigida por un joven ingeniero venezolano, que se adjudicó la licitación de las máquinas de votación.
Los líderes opositores sostienen que esa licitación fue fraudulenta, perpetrada por la mayoría oficialista del Consejo Nacional Electoral (CNE) para favorecer a Smartmatic, fundada en 2000, y cuyas ventas hasta 2003, según el periódico The Herald de Miami, totalizaban apenas 2,5 millones de dólares anuales.
Smartmatic se presentó a la licitación —un negocio de 90 millones de dólares— secundada por una firma venezolana de software (Bizta) y por CANTV, el privatizado gigante de las telecomunicaciones venezolanas que, poco antes de las elecciones, había sido fuertemente cuestionado por el oficialismo.
Sin embargo, en los ataques a Smartmatic, y en especial a su presidente Antonio Mugica, jamás se menciona esta asociación con CANTV, que preside Gustavo Roosen, ex conductor del poderoso grupo estatal Petróleos de Venezuela y connotado adversario del gobierno.
